Is Consumer Welfare Obsolete? A European Union Competition Perspective
¿Es obsoleto el bienestar del consumidor? Una perspectiva de la competencia en la Unión Europea
Résumé
In 2005, the European Commission advocated a more economic approach to competition law enforcement. The sole criterion for assessing the legality of a market practice should be the assessment of its net effects on consumer welfare. The Court of Justice was reluctant to adopt this approach until the 2017 Intel judgment. Its approval - which is debatable insofar as the judgment may give rise to different interpretations - may seem paradoxical insofar as it is concomitant with a strong challenge to the consumer welfare test in the United States. The purpose of this article is to retrace the history of this test, particularly in its adoption in the context of EU competition law. Our aim is to show that the criticisms of the effects-based approach can be addressed without moving away from the consumer welfare test, but rather by integrating it into a broader perspective that also takes into account the protection of the competition process itself.
En 2005, la Comisión Europea abogó por un enfoque más económico de la aplicación de las leyes de competencia. El único criterio para evaluar la legalidad de una práctica de mercado debe ser la evaluación de sus efectos netos sobre el bienestar de los consumidores. El Tribunal de Justicia se mostró reacio a adoptar este enfoque hasta la sentencia de Intel de 2017. Su aprobación —que es discutible en la medida en que la sentencia puede dar lugar a diferentes interpretaciones— puede parecer paradójica en el medida en que es concomitante con un fuerte desafío al criterio del bienestar del consumidor en los Estados Unidos. La finalidad de este artículo es volver sobre la historia de este criterio, en particular en su adopción en el contexto de la ley de competencia de la UE. Nuestro objetivo es demostrar que las críticas al enfoque basado en los efectos pueden abordarse sin alejarse del criterio de bienestar del consumidor, sino integrándolo en una perspectiva más amplia que también tenga en cuenta la protección del propio proceso de competencia.
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